-La siguiente nota fue publicada por el periodista Gustavo Veiga el domingo 3 de mayo en el diario Página 12-
EL COMISARIO KEVORKIAN ESTA IMPUTADO POR UNA MUERTE VIOLENTA
El policía de Macri
El comisario mayor retirado estaba al mando de un operativo en la cancha de Huracán el 25 de junio de 2005, cuando la hinchada de Defensores de Belgrano fue apaleada. Un chico de 17 años murió a causa de los golpes, en lo que se caratuló como “homicidio culposo”.
El comisario mayor retirado Carlos Arturo Kevorkian fue designado el 23 de abril como coordinador general de la Policía Metropolitana sin que se reparara en un dato esencial: está imputado en un sumario disciplinario de la Policía Federal por serias irregularidades en un operativo a su cargo y que ocasionó la muerte de Fernando Blanco, de 17 años, hincha de Defensores de Belgrano. El 25 de junio de 2005, la víctima sufrió graves heridas mientras lo detenían a la salida de un partido de fútbol. Dos días después falleció. Casi cuatro años más tarde, al nuevo funcionario lo espera un destino jerárquico superior al de una comisaría. Tiene que poner en funcionamiento la nueva fuerza de la ciudad. Acaba de ser nombrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño por la Resolución 330, que se difundió en el Boletín Oficial.
El fiscal Ricardo Renom, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas 4 –quien interviene como parte acusadora en el sumario contra Kevorkian, el comisario Fernando Gabela, el otro responsable del operativo, y varios policías más–, informó a Página/12 que se trata de “una actuación disciplinaria interna de la Policía Federal en la que, por una medida cautelar dispuesta por la Justicia, la fiscalía ha podido formular cargos por irregularidades cometidas en el operativo del 25 de junio de 2005”.
Juan Carlos Pinto, uno de los abogados de la familia Blanco, recordó otro dato revelador: en el juicio penal que se sigue contra Mario Lagoria, el único policía que quedó con procesamiento firme en la causa, se constató mediante una filmación periodística que Kevorkian, vestido de civil, amenazó a los hinchas de Defensores que salían del partido contra Chacarita. “Te hago cagar a palos, ¿cuál es el problema?”, dijo el letrado que el policía le espetó a un simpatizante del club a la salida del estadio de Huracán, donde se produjo el operativo tras el encuentro que definía un descenso.
El problema en que no reparó el jefe policial fue que, por los fuertes golpes recibidos, Fernando sufrió fracturas de cráneo, contusión cerebral y hemorragia meníngea. Había sido uno de los tantos hinchas apaleados por la Guardia de Infantería y efectivos de civil que calzaban manoplas mientras les realizaban un pasillo chino (esa especie de desfiladero humano en el que se circula en un solo sentido y sin posibilidad de salir, para pegarles con lo que se tenga a mano).
La Resolución 330 del ministro porteño Guillermo Montenegro señala en su encabezado que “se designa responsable de la coordinación general para la puesta en funcionamiento de la Policía Metropolitana”. Y además, precisa en su único artículo el nombre del elegido para el cargo y las tareas que le encomiendan: “Asígnase al Comisario Mayor (RE) de la Policía Federal Argentina Carlos Arturo Kevorkian, DNI 10.431.296, la función de coordinación general de las actividades preparatorias e indispensables para la puesta en funcionamiento de la Policía Metropolitana, hasta tanto se designe el/la Jefe/a de la Policía y el/la Rector/a del Instituto Superior de Seguridad Pública, oportunidad en que caducará la vigencia de la presente resolución”.
Azorado por la designación del comisario, Angel Blanco, padre de Fernando, recordó que aquel 25 de junio del 2005 “todo fue un desastre y se trató de una emboscada. El público de Defensores era visitante, su equipo había perdido el partido por el descenso y en lugar de salir primero del estadio permaneció cuarenta minutos retenido. Pienso que quienes designaron al responsable de un operativo semejante para coordinar a la Policía porteña tendrían que haber evaluado estos antecedentes y que hay una causa por homicidio. Tal vez lo nombraron porque es un buen represor. Pero parece que nadie se da por enterado”.
La causa 32.902/5 a la que alude Blanco acaba de ser devuelta por la Cámara de Casación al Juzgado de Instrucción N° 26 a cargo de Mariano Scotto. Una fuente de su despacho dijo a Página/12 que “el expediente regresó la semana pasada con la decisión del Tribunal de Casación de no hacer lugar al recurso interpuesto por el fiscal contra el sobreseimiento de dos policías dictado por la Cámara de Apelaciones”. La explicación la completó recordando que “a los dos uniformados se les había dictado en primera instancia el procesamiento por vejámenes. Pero ahora, el único que quedó con procesamiento firme es Lagoria, el chofer del celular que conducía a Blanco después de haber sido detenido”.
El expediente está caratulado “Lagoria Mario/sobre homicidio culposo y evasión”. Esta última tipificación alude a que Blanco fue introducido en uno de los dos celulares (interno 9186, marca Iveco, patente AII 954) que llevaba apresado a un número indeterminado de detenidos que nunca llegaron a la comisaría 28ª. Sus padres, Angel y Clara, cuestionan los resultados que arrojó la instrucción: que Fernando murió por la presunta caída de ese vehículo, como sostiene la Federal. Para ellos falleció por los golpes que recibió antes y por la mala atención posterior. La causa la tuvo primero el juez subrogante Horacio Azzolín y luego pasó a manos de su colega Scotto, que lo sucedió en el Juzgado 26.
Para el matrimonio Blanco, lo más creíble es que a su hijo le pegaron con algún objeto contundente en la cabeza y luego lo arrastraron de los pelos hasta el transporte de detenidos, como se observa en imágenes tomadas por el programa de América 2, Cámara Testigo (ver aparte). La investigación de la causa estuvo desde un primer momento a cargo de la propia Policía, los testigos que declararon –en su mayoría– fueron aportados por esa fuerza de seguridad y la instrucción no refleja con precisión los pormenores de la golpiza fuera del estadio. Clara contó cuatro meses después de perder a su hijo que uno de los testigos propuesto por su familia es un joven que salió de la cancha tomándole la mano y que sufrió problemas psicológicos por la represión policial. “Quedó muy mal de ver cómo le pegaban a Fernando”, señaló en una nota de Página/12 el 26 octubre de 2005.
Tres días después del crimen, el entonces presidente Néstor Kirchner aludió al caso en un acto por los caídos de la Policía Federal. “Que ningún procedimiento errado o equivocado o alguna mala actitud de sus hombres empañen el tremendo esfuerzo que nuestra Policía Federal está haciendo para dar la seguridad que los argentinos merecemos.”
En aquel momento, desde la Subsecretaría de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos (Subsef) que conducía el ex árbitro Javier Castrilli se precipitaron a decir que Blanco había resistido la detención, que forzó la puerta del celular y se arrojó a la calle. Su superior, el por entonces ministro del Interior Aníbal Fernández, había recibido a los padres de Fernando, asegurándoles que iría hasta las últimas consecuencias con la investigación de su muerte. Pero tiempo después de que el funcionario decidiera la separación preventiva de dos policías involucrados en el caso, Pinto, el abogado de la familia, adujo tener problemas con que el Juzgado 26 aceptara a los testigos aportados a la causa y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas se topó con dificultades para intervenir de oficio en el sumario disciplinario instruido por la Policía Federal.
“Nos presentamos en el sumario porque nos habilita el artículo 49 del Ministerio Público. Pero en la comisaría nos rechazaron como parte invocando que el sumario lo había iniciado la Policía Federal, un hecho que después repitió el Ministerio del Interior. Entonces, como Fiscalía interpusimos una acción contenciosoadministrativa y la Justicia en primera instancia nos habilitó con una medida cautelar a formular cargos en el sumario. El Ministerio del Interior apeló el fallo y ahora resta conocer la decisión de la Cámara”, señaló el fiscal Renom.
El comisario mayor Kevorkian, designado por el gobierno porteño gracias al decreto 342/09 y la Resolución 330 de su Ministerio de Justicia y Seguridad, nunca declaró en la causa 32.902/5 por el homicidio de Blanco, aun cuando había estado al frente del operativo policial que terminó con su muerte. Desligado de la acción penal que inició la familia del joven muerto, sólo le resta salir indemne del sumario interno en que está imputado en su propia fuerza. Un detalle que pasó inadvertido para el jefe de Gobierno Macri y el ministro Montenegro en el armado de la incipiente Policía Metropolitana.
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El fiscal Ricardo Renom, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas 4 –quien interviene como parte acusadora en el sumario contra Kevorkian, el comisario Fernando Gabela, el otro responsable del operativo, y varios policías más–, informó a Página/12 que se trata de “una actuación disciplinaria interna de la Policía Federal en la que, por una medida cautelar dispuesta por la Justicia, la fiscalía ha podido formular cargos por irregularidades cometidas en el operativo del 25 de junio de 2005”.
Juan Carlos Pinto, uno de los abogados de la familia Blanco, recordó otro dato revelador: en el juicio penal que se sigue contra Mario Lagoria, el único policía que quedó con procesamiento firme en la causa, se constató mediante una filmación periodística que Kevorkian, vestido de civil, amenazó a los hinchas de Defensores que salían del partido contra Chacarita. “Te hago cagar a palos, ¿cuál es el problema?”, dijo el letrado que el policía le espetó a un simpatizante del club a la salida del estadio de Huracán, donde se produjo el operativo tras el encuentro que definía un descenso.
El problema en que no reparó el jefe policial fue que, por los fuertes golpes recibidos, Fernando sufrió fracturas de cráneo, contusión cerebral y hemorragia meníngea. Había sido uno de los tantos hinchas apaleados por la Guardia de Infantería y efectivos de civil que calzaban manoplas mientras les realizaban un pasillo chino (esa especie de desfiladero humano en el que se circula en un solo sentido y sin posibilidad de salir, para pegarles con lo que se tenga a mano).
La Resolución 330 del ministro porteño Guillermo Montenegro señala en su encabezado que “se designa responsable de la coordinación general para la puesta en funcionamiento de la Policía Metropolitana”. Y además, precisa en su único artículo el nombre del elegido para el cargo y las tareas que le encomiendan: “Asígnase al Comisario Mayor (RE) de la Policía Federal Argentina Carlos Arturo Kevorkian, DNI 10.431.296, la función de coordinación general de las actividades preparatorias e indispensables para la puesta en funcionamiento de la Policía Metropolitana, hasta tanto se designe el/la Jefe/a de la Policía y el/la Rector/a del Instituto Superior de Seguridad Pública, oportunidad en que caducará la vigencia de la presente resolución”.
Azorado por la designación del comisario, Angel Blanco, padre de Fernando, recordó que aquel 25 de junio del 2005 “todo fue un desastre y se trató de una emboscada. El público de Defensores era visitante, su equipo había perdido el partido por el descenso y en lugar de salir primero del estadio permaneció cuarenta minutos retenido. Pienso que quienes designaron al responsable de un operativo semejante para coordinar a la Policía porteña tendrían que haber evaluado estos antecedentes y que hay una causa por homicidio. Tal vez lo nombraron porque es un buen represor. Pero parece que nadie se da por enterado”.
La causa 32.902/5 a la que alude Blanco acaba de ser devuelta por la Cámara de Casación al Juzgado de Instrucción N° 26 a cargo de Mariano Scotto. Una fuente de su despacho dijo a Página/12 que “el expediente regresó la semana pasada con la decisión del Tribunal de Casación de no hacer lugar al recurso interpuesto por el fiscal contra el sobreseimiento de dos policías dictado por la Cámara de Apelaciones”. La explicación la completó recordando que “a los dos uniformados se les había dictado en primera instancia el procesamiento por vejámenes. Pero ahora, el único que quedó con procesamiento firme es Lagoria, el chofer del celular que conducía a Blanco después de haber sido detenido”.
El expediente está caratulado “Lagoria Mario/sobre homicidio culposo y evasión”. Esta última tipificación alude a que Blanco fue introducido en uno de los dos celulares (interno 9186, marca Iveco, patente AII 954) que llevaba apresado a un número indeterminado de detenidos que nunca llegaron a la comisaría 28ª. Sus padres, Angel y Clara, cuestionan los resultados que arrojó la instrucción: que Fernando murió por la presunta caída de ese vehículo, como sostiene la Federal. Para ellos falleció por los golpes que recibió antes y por la mala atención posterior. La causa la tuvo primero el juez subrogante Horacio Azzolín y luego pasó a manos de su colega Scotto, que lo sucedió en el Juzgado 26.
Para el matrimonio Blanco, lo más creíble es que a su hijo le pegaron con algún objeto contundente en la cabeza y luego lo arrastraron de los pelos hasta el transporte de detenidos, como se observa en imágenes tomadas por el programa de América 2, Cámara Testigo (ver aparte). La investigación de la causa estuvo desde un primer momento a cargo de la propia Policía, los testigos que declararon –en su mayoría– fueron aportados por esa fuerza de seguridad y la instrucción no refleja con precisión los pormenores de la golpiza fuera del estadio. Clara contó cuatro meses después de perder a su hijo que uno de los testigos propuesto por su familia es un joven que salió de la cancha tomándole la mano y que sufrió problemas psicológicos por la represión policial. “Quedó muy mal de ver cómo le pegaban a Fernando”, señaló en una nota de Página/12 el 26 octubre de 2005.
Tres días después del crimen, el entonces presidente Néstor Kirchner aludió al caso en un acto por los caídos de la Policía Federal. “Que ningún procedimiento errado o equivocado o alguna mala actitud de sus hombres empañen el tremendo esfuerzo que nuestra Policía Federal está haciendo para dar la seguridad que los argentinos merecemos.”
En aquel momento, desde la Subsecretaría de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos (Subsef) que conducía el ex árbitro Javier Castrilli se precipitaron a decir que Blanco había resistido la detención, que forzó la puerta del celular y se arrojó a la calle. Su superior, el por entonces ministro del Interior Aníbal Fernández, había recibido a los padres de Fernando, asegurándoles que iría hasta las últimas consecuencias con la investigación de su muerte. Pero tiempo después de que el funcionario decidiera la separación preventiva de dos policías involucrados en el caso, Pinto, el abogado de la familia, adujo tener problemas con que el Juzgado 26 aceptara a los testigos aportados a la causa y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas se topó con dificultades para intervenir de oficio en el sumario disciplinario instruido por la Policía Federal.
“Nos presentamos en el sumario porque nos habilita el artículo 49 del Ministerio Público. Pero en la comisaría nos rechazaron como parte invocando que el sumario lo había iniciado la Policía Federal, un hecho que después repitió el Ministerio del Interior. Entonces, como Fiscalía interpusimos una acción contenciosoadministrativa y la Justicia en primera instancia nos habilitó con una medida cautelar a formular cargos en el sumario. El Ministerio del Interior apeló el fallo y ahora resta conocer la decisión de la Cámara”, señaló el fiscal Renom.
El comisario mayor Kevorkian, designado por el gobierno porteño gracias al decreto 342/09 y la Resolución 330 de su Ministerio de Justicia y Seguridad, nunca declaró en la causa 32.902/5 por el homicidio de Blanco, aun cuando había estado al frente del operativo policial que terminó con su muerte. Desligado de la acción penal que inició la familia del joven muerto, sólo le resta salir indemne del sumario interno en que está imputado en su propia fuerza. Un detalle que pasó inadvertido para el jefe de Gobierno Macri y el ministro Montenegro en el armado de la incipiente Policía Metropolitana.
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Un video elocuente
El programa Cámara Testigo del canal América 2 tomó las imágenes que comprometen a varios policías por dos motivos. Por la represión indiscriminada ocurrida el 25 de junio de 2005, donde se observa a Fernando Blanco tomado de su larga cabellera por un policía de civil que acaba de ser sobreseído definitivamente de la causa principal. Y por la presunta adulteración o cortes que se produjeron a la filmación, hoy investigada por el Juzgado de Instrucción N° 5. “El video presentado en el Juzgado 26 fue cortado. El juez Scotto había mandado periciar las imágenes a la Gendarmería y también el teléfono celular de mi hijo, desde el que llamó a mi esposa cuando lo detuvieron”, cuenta Angel Blanco. Una de las últimas frases que le dijo a Clara fue: “Ma, estoy preso”. Tristán Noblia, uno de los productores de Cámara Testigo, le había explicado a Clarín en un artículo del 1° de julio del 2005 que “por expreso pedido del presidente Kirchner nos pidieron todo el material disponible y les mandamos la nota que salió al aire, el crudo y las fotos registradas del video. Nos dijeron que habían visto el programa y que querían tomar cartas en el asunto porque no fue correcta la metodología de la detención de Fernando”. Las imágenes son elocuentes. A los hinchas de Defensores de Belgrano les pegaron sin derecho a clemencia. Jóvenes, ancianos y mujeres cobraron por igual. Hasta el ex presidente Alejandro Cambas apareció por TV saliendo del pasillo chino (ver cuerpo principal) esquivando a los policías que golpeaban. Esas mismas imágenes están incluidas en un documental que el jueves 23 –el mismo día que se nombró a Kevorkian con la Resolución 330– se presentó en el auditorio de la Cámara de Diputados. La película se llama Fútbol Violencia Sociedad Anónima y la dirigió el documentalista Pablo Tesoriere, el mismo que realizó Puerta 12, muy bien recibida por la crítica.
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La conexión con El Fino
Si la Policía Metropolitana se basara en los parámetros de calidad profesional que utilizó la Federal en el operativo que le costó la vida a Fernando Blanco, la mano dura quedaría garantizada con el comisario mayor Kevorkian como coordinador general. Claro que el flamante designado no está solo en este proyecto, donde parece consumir una considerable porción de sus energías Mauricio Macri. Jorge “El Fino” Palacios sería un hombre clave detrás del nombramiento de Kevorkian, de quien dicen que forma parte de su grupo de máxima confianza. Desplazado de la cúpula de la Policía Federal por el ex presidente Kirchner en 2004, este ex comisario encontró una forma rápida de conchabarse como responsable de la seguridad en el club Boca Juniors cuando lo presidía el acaudalado ingeniero devenido en jefe de Gobierno. Ese antecedente es el más colorido de su cuestionada foja de servicios, ya que desde los familiares de las víctimas por el atentado a la AMIA del ’94, hasta los ciudadanos reprimidos de manera brutal en diciembre de 2001, lo cuestionan. Sergio Burstein, miembro de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, le pidió a Macri públicamente en febrero pasado que se comprometiera a no designar a Palacios en ningún cargo de su gobierno. Es porque El Fino está imputado en la causa que investiga la protección política y judicial que se le otorgó a un sospechoso de integrar la conexión local del atentado, el sirio-argentino Alberto Kanoore Edul. De acuerdo con lo que figura en el expediente, el ex comisario que tuvo a su cargo la oficina de Antiterrorismo de la Federal, lo habría alertado a Kanoore Edul desde su teléfono celular de que sería allanado su domicilio momentos antes de producirse un procedimiento. “El jefe de Gobierno me avergüenza y con esta decisión se burla de los muertos de la AMIA y de la sociedad argentina toda”, acusó Burstein cuando tomó nota de la presencia de Palacios en el círculo áulico de Macri y su posible postulación a un puesto en la Policía Metropolitana. La jueza María Servini de Cubría también lo había procesado por “homicidio imprudente” por los sucesos del 2001 que culminaron con varias muertes. Aunque Palacios no estaba de servicio los días 19 y 20 de diciembre, se acercó a las inmediaciones de la Plaza de Mayo por lo que consideró “una cuestión moral”.
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Legajo y pedido de informes
Cuando apenas se había cumplido una semana de su designación, el comisario Kevorkian ya tenía un pedido de informes que requería datos sobre su trayectoria en la Legislatura porteña. La diputada Liliana Parada concluyó en su solicitud al Ejecutivo: “Finalmente, no puede soslayarse que la designación de personal abocado a la formación de la Policía Metropolitana debe poseer un legajo intachable, capaz de enarbolar una institución en la que los méritos de los superiores sean un ejemplo para los aspirantes”. La mención de un “legajo intachable” alude al caso Blanco. La legisladora del bloque Igualdad Social, en su pedido, requiere una serie de medidas al jefe de Gobierno porteño, como que indique “la formación y capacitación profesional, el desempeño de la carrera profesional y los antecedentes funcionales y disciplinarios” del alto funcionario policial, y que “remita copia de la hoja de servicios/legajos del personal designado y mencionado en el inciso 1”. En ese inciso se pide el estado policial y los grados correspondientes del propio Kevorkian y de un contador llamado Guillermo Oscar Rodríguez. En una de las últimas funciones que cumplió aquel en la Federal –cuando aún era comisario inspector– estuvo al frente de la circunscripción IV, una de las ocho en que se agrupan las 53 comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Al hombre que esté sumariado por los hechos de junio del 2005 lo habían cambiado de jurisdicción (de la VII a la IV) en febrero de ese año y pasaba a supervisar –de ahí su presencia en la cancha de Huracán– la comisaría 28ª de Parque Patricios, la 16ª de Constitución, la 24ª de La Boca, la 26ª del norte de Barracas, la 30ª del sudeste de Barracas y la 32ª, que se divide entre el este de Parque Patricios y el oeste de Nueva Pompeya.
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-Foto Télam-
